Muchas personas de las que hasta ahora dedicaban una parte de su salario a invertir en planes de pensiones se están viendo obligadas a rescatar los importes para evitar caer en la morosidad.
¿Cuál es la razón principal? Evidentemente, la pérdida del empleo y la imposibilidad, no sólo de continuar invirtiendo en estos planes –o en cualquier instrumento de ahorro como los fondos o los depósitos-, sino de poder hacer frente a pagos urgentes tales como las hipotecas, las facturas corrientes, los gastos de alimentación, etc.
Si bien es cierto que estos rescates sólo pueden efectuarse si se cumplen una serie de requisitos -como, por ejemplo, padecer una enfermedad grave, llevar más de un año en el paro o, según está previsto que se acepte legalmente, en caso de que el firmante del plan necesite los ahorros para frenar la ejecución de su hipoteca-, el aumento de la retirada de los importes sigue siendo notable.
De hecho, si en 2007 los rescates anticipados casi alcanzaban los 6.000 en el caso de los desempleados de larga duración -de un total de algo más de 8.000-, en 2010 la cifra llegaba a los 71.000 beneficiaros de estos rescates de un total de más de 76.000.
Igualmente, se está produciendo un descenso significativo en las inversiones. En 2006, justo antes de que se produjera el estadillo de la burbuja inmobiliaria, los españoles realizaban aportaciones por valor de 6.280 millones de euros, pero en 2011 se redujo a la mitad –el importe total alcanzó los 3.142 millones de euros-. Un hecho que supone que las prestaciones se abonan casi en un 80% con los ingresos que se recogen de los fondos.
No obstante, pese a esta caída en las aportaciones, muchos de los que los contrataron en su momento con el objetivo de poder llegar a completar la pensión pública que prevén recibir y asegurar un mínimo nivel de vida lo siguen manteniendo, obligados por su iliquidez.
FOTO: Bachofer Abogados